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4. LA GOBERNANZA REPRODUCTIVA Y EL ACOMPAÑAMIENTO FEMINISTA PARA EL ABORTO AUTÓNOMO

Madeleine Belfrage

Resumen

En México, la práctica del aborto sucede en un contexto social y político en disputa. El aborto se lucha, se implementa y se impide a través de estructuras y mecanismos entrelazados de organizaciones no gubernamentales (ONG), acompañantes feministas e instituciones públicas que Morgan y Roberts (2012) denominan sistemas de "gobernanza reproductiva". Esta investigación es una etnografía activista feminista sobre las prácticas de acompañamiento feminista en México, y explora cómo la protocolización y la normatividad de ciertas tecnologías reproductivas son asumidas y al mismo tiempo cuestionadas por las acompañantes. Lo anterior se materializa en la práctica de solicitar ultrasonidos a las mujeres que buscan abortar, lo cual se exige como parte obligatoria de los protocolos implementados por las ONG, que por lo general capacitan a las acompañantes. Sin embargo, la dependencia excesiva de los ultrasonidos tiende a sobremedicalizar el aborto y es excluyente, pues algunas mujeres tienen acceso limitado o nulo a esta tecnología. Esta complejidad también se observa en la promoción del régimen combinado de mifepristona y misoprostol como 'el estándar de oro' de seguridad y eficacia por parte de las ONG, pues tiene efectos contraproducentes, como el acceso restringido y el efecto de colocar a las acompañantes como intermediarias y agentes de gobernanza reproductiva. Por lo tanto, la práctica del acompañamiento atraviesa múltiples terrenos políticos y sociales, incluidas la política de salud pública global, las demandas institucionales y los proyectos feministas de autonomía corporal. Estas intersecciones suelen ser contradictorias entre sí y demandan de las acompañantes un proceso constante de negociación, reapropiación y resistencia.

Palabras clave: Aborto con medicamentos, acompañamiento feminista, gobernanza reproductiva, México.

Introducción

Durante más de tres décadas, en América Latina las mujeres¹ han abortado con medicamentos (Barbosa y Arilha, 1993) y desde mediados de la década de 2000, las activistas feministas llevan a cabo lo que denominan ‘acompañamiento al aborto’, que es la práctica de ofrecer información, apoyo emocional, logístico y material a una mujer que desea interrumpir un embarazo (Barcklow D’Amica y Reyes Sánchez, 2004). Por lo tanto, el acompañamiento implica facilitar el acceso de las mujeres al medicamento, explicar cómo usarlo y guiarlas durante el proceso. Es común que el misoprostol esté disponible sin receta, lo que permite que las mujeres puedan inducir un aborto en su propia casa y sin involucrar a personal médico o el uso de instrumentos quirúrgicos invasivos (Dzuba y otros, 2013).

Para las feministas,² el acompañamiento es una respuesta a las brechas de desigualdad y a la negligencia del Estado para proporcionar las condiciones para un aborto seguro a las mujeres en contextos fuera de la Ciudad de México (Guerra Gardida, 2019).³ Esta práctica feminista pretende garantizar la autonomía del cuerpo de las mujeres frente a la estigmatización del aborto por parte del sistema médico, evitar los procedimientos inseguros y erradicar la criminalización de quienes interrumpen embarazos. En este capítulo sostengo que la práctica del acompañamiento es un ejemplo de lo que Murphy (2012: 22) llama "el feminismo de los protocolos" (protocol feminism), el cual no solo se refiere a la política de reproducción, sino también a la "política de la técnica" (politics of technique). De este modo, las prácticas que realizan las acompañantes son discutidas y debatidas por ellas mismas; es decir, los “protocolos” de acompañamiento son cuestionados como parte de una discusión más amplia sobre qué significa el acompañamiento feminista.

Cabe señalar que "protocolo" refiere a los procedimientos formales y las indicaciones normativas de cualquier tarea en la práctica biomédica (Murphy: 2012). En el acompañamiento del aborto, este término incluye la dosis, el régimen de medicamento y los pasos complementarios que toman las personas acompañantes para garantizar que el medicamento sea eficaz y seguro. Si bien los protocolos biomédicos, como los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se presentan como racionales y apolíticos, Murphy (2012: 129) sostiene que "las feministas [han] saturado los protocolos con la política". En este sentido, la autora subraya que los protocolos feministas "ensamblan cuerpos, sentimientos, herramientas, modos de politización, interacciones sociales, relaciones de intercambio y lógicas biomédicas emergentes..."(Murphy, 2012: 29). Lo anterior implica que la práctica del acompañamiento atraviesa múltiples terrenos políticos y sociales, incluida la política de salud pública global, las demandas institucionales y los proyectos feministas de autonomía corporal. Estas intersecciones suelen ser contradictorias entre sí y demandan de las acompañantes un proceso constante de negociación, reapropiación y resistencia.

Los protocolos de acompañamiento varían entre organizaciones, colectivos y acompañantes individuales y están influenciados por los contextos legales, el grado de riesgo percibido, así como las diversas propuestas políticas feministas y distintas definiciones de cuidado. Por lo general, una mujer contacta a los grupos de acompañamiento por llamada telefónica, a través de WhatsApp o por medio de las redes sociales. Después, las acompañantes responden con información sobre el proceso del aborto con medicamentos, incluyendo dosis, efectos secundarios y contraindicaciones, además proporcionan orientación sobre derechos sexuales y reproductivos para respaldar la decisión de la mujer. La acompañada puede comprar el medicamento en la farmacia o se le proporciona a través de vínculos entre acompañantes, organizaciones no gubernamentales (ONG) y empresas farmacéuticas. Las diferencias entre los protocolos utilizados por las acompañantes incluyen el límite gestacional, el régimen de medicamento utilizado (mifepristona con misoprostol o sólo este último) y el requerimiento del ultrasonido. Estas diferencias son debatidas entre quienes realizan el acompañamiento, en particular entre quienes han sido formadas o trabajan para ONG y las que se consideran “autónomas”.

Si bien es relevante la discusión sobre el "feminismo institucional" y el "feminismo autónomo" que se ha desarrollado en la literatura académica de América Latina (Álvarez, 1998; Fischer, 2005; Gargallo, 2006), en este capítulo no pretendo proporcionar una descripción histórica de las críticas de autoras y activistas feministas respecto a la institucionalización, pues enfoco la atención en lo que Morgan y Roberts (2012: 241) denominan 'gobernanza reproductiva': la formas en que el Estado, el mercado y la sociedad civil, en forma de las ONG influyen en los asuntos de población y conducta reproductiva. Asimismo, no deseo categorizar a las acompañantes como “institucionales” o “autónomas”, con el fin de evitar lo que Fischer (2005: 56) llama “pensamiento binario, dicotómico [y] dualista”. No considero estas categorías como identidades fijas, sino como procesos relacionados con la gobernanza reproductiva que se entrecruzan con toda práctica de acompañamiento y que son negociados, resistidos, apropiados o disputados en diversos grados por todas las acompañantes.

Mi investigación evidencia que la institucionalización del acompañamiento se manifiesta como una estandarización de procedimientos y protocolos por parte de las ONG, que pretenden proporcionar el grado más alto de seguridad tanto a las acompañantes como a las acompañadas. Estos estándares se transmiten a las acompañantes a través de capacitaciones, guías y mecanismos de seguimiento, y se implementan a través de protocolos de acompañamiento. En este capítulo describo los protocolos relacionados con dos tecnologías biomédicas: el ultrasonido y el régimen de medicación abortiva considerado como el 'estándar de oro': mifepristona combinada con misoprostol (Winikoff y Sheldon, 2012), que es conocido por las acompañantes como 'kit' o 'combo' y se comercializa globalmente como el 'combipack'. Por lo tanto, exploro cómo el uso y la protocolización de estas tecnologías son asumidas y al mismo tiempo cuestionadas por las acompañantes.

El capítulo está sustentado en una investigación etnográfica activista feminista con acompañantes, que realicé entre los años 2019 y 2020, y que es parte de mi tesis doctoral. La metodología de investigación que elegí fue creada por Craven y Davis (2013: 14) y se basa en métodos etnográficos como la observación participativa, para realizar una investigación “comprometida con documentar las experiencias vividas e impactadas por género, raza, clase, sexualidad y otros aspectos de las vidas de participantes”. Durante la investigación, realicé más de 50 entrevistas con acompañantes y representantes de ONG; asistí a encuentros, marchas, capacitaciones y reuniones, y llevé a cabo un análisis de contenido de información compartida por grupos de acompañamiento en línea. Lo anterior fue posible por mi experiencia de cinco años de trabajo en ONG enfocadas en derechos sexuales y reproductivos en México.

En un primer momento presento un breve resumen del marco conceptual de la gobernanza reproductiva, posteriormente abordo la historia del acompañamiento en México, para sentar las bases de la discusión que conceptualizo como dos tecnologías de gobernanza reproductiva: el régimen de aborto con medicamentos 'estándar de oro' y el uso obligatorio de ultrasonidos como parte de los protocolos de acompañamiento. No pretendo discutir estas tecnologías en términos de nociones apolíticas de seguridad o efectividad, sino evidenciar cómo su uso prescrito a través de protocolos produce efectos sociales y políticos en la práctica del acompañamiento, e incluso más allá en la autonomía corporal y las brechas de desigualdad interseccionales experimentadas por las mujeres. En última instancia, deseo mostrar las formas en que el acompañamiento y las personas acompañantes están incrustadas en estructuras y sistemas de gobernanza reproductiva y al mismo tiempo se encuentra en disputa con estos.

Gobernanza reproductiva y procesos de institucionalización

El concepto de gobernanza reproductiva fue creado por Morgan y Roberts (2012: 241) para referirse a:

los mecanismos a través de los cuales diferentes configuraciones históricas de actores — tales como instituciones estatales, religiosas⁴ e internacionales financieras, ONG y movimientos sociales— utilizan controles legislativos, incentivos económicos, mandatos morales, coacción directa e incitaciones éticas para producir, monitorear y controlar la conducta reproductiva y las prácticas de población.

Históricamente, la gobernanza reproductiva se centró en la retórica global sobre el control del crecimiento poblacional, implementada a través de campañas y programas neocolonialistas generados en el Sur Global por los gobiernos nacionales y apoyados por donantes internacionales (Morgan y Roberts, 2012). Como sucedió en otros países, en México la adaptación de la dinámica demográfica se promovió como esencial para la "modernización" y el desarrollo económico (Bronfam y Castro, 1989). Durante la década de los noventa, y reforzado por los acuerdos de Beijing y El Cairo, el discurso se transformó en argumentos de los derechos sexuales y reproductivos para intentar frenar las prácticas coercitivas, poco éticas e ineficaces que subsistían de momentos políticos anteriores. Además, el enfoque basado en los derechos también tenía el objetivo de "empoderar" a las mujeres a través del incremento de la atención a una gama más amplia de necesidades de salud sexual y reproductiva (Petchescky, 1995). Sin embargo, a pesar de los cambios en el discurso, continúa ocurriendo la violencia estructural que afecta los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en particular para quienes son indígenas o viven en un entorno de pobreza (Castro y Singer 2004; Espinosa Damián, 2014).

Al respecto, Morgan y Roberts (2012) destacan la centralidad del discurso y los mecanismos judiciales de derechos en los sistemas actuales de gobernanza reproductiva. Si bien los derechos se pueden exigir colectivamente, se otorgan de forma individual. Esto es consistente con la erosión neoliberal de la responsabilidad del Estado y la creciente dependencia del mercado, que propicia que las personas, como entes individuales, sean responsabilizadas de su propio bienestar, sobre todo a través de los mercados privados y “la elección del consumidor” (consumer choice) (Rose, 1999). Por lo tanto, la salud reproductiva de las mujeres se negocia a través de derechos individualizados y en el neoliberalismo la autonomía está ligada al deber de cumplir con la autogestión racional a través de las elecciones reproductivas individualizadas (Denbow, 2015; Gleeson, 2014; Millar, 2017). De forma irónica, en contextos donde el aborto está criminalizado y el Estado niega la prestación de servicios, las mujeres tienen el "derecho a decidir",⁵ en cuanto a la elección de contratar atención médica privatizada o comprar pastillas abortivas.

En México, desde la década de los noventa, las ONG se han posicionado como agente importante respecto a la brecha creada por el Estado que evidencia un constante retroceso derivado de las condiciones neoliberales. Desde el marco conceptual de la gobernanza reproductiva, es evidente cómo las ONG están separadas del Estado, y al mismo tiempo se han convertido en una extensión de este, pues continúan el trabajo biopolítico de gestión de poblaciones (Bernal y Grewal, 2014). Este contexto político propicia una dinámica en la que las ONG se constituyen como claves para la expansión de las lógicas neoliberales de privatización. De acuerdo con Bernal y Grewal (2014: 10), este es el caso de las ONG feministas, pues han asumido un trabajo relacionado con la esfera privada, incluida la salud y el cuidado, los espacios del trabajo no remunerado de las mujeres y la centralidad histórica de las luchas feministas. Lo anterior derivó en que varias feministas critiquen la institucionalización del movimiento o la 'ONGización' (NGOization) (Álvarez, 1999), a medida que las demandas feministas son cooptadas, despolitizadas y atrapadas en lógicas neoliberales y del Estado (Fischer, 2005; Gargallo, 2006).

Para el movimiento a favor del aborto, desde su despenalización en la Ciudad de México, en 2007, prácticamente se han estancado los avances de las demandas colectivas de que el Estado asuma la responsabilidad de la salud reproductiva y el bienestar de las mujeres. Por lo tanto, la atención del activismo feminista se ha centrado en acciones que permitan garantizar el acceso de las mujeres al aborto seguro, sobre todo a través de la práctica del acompañamiento.

El acompañamiento en México, propuesta feminista para cerrar brechas

A finales de la década de 1980, en Brasil ya era común el uso del misoprostol para abortos autoinducidos, mientras que en México su utilización era incipiente en la década de los noventa (Barbosa y Arilha, 1993) y al iniciar la década de 2000, activistas y ONG a nivel global accedieron al conocimiento del uso de este medicamento y empezaron a trabajar para formalizar su uso seguro, comprobando protocolos a través de la investigación científica (MacDonald, 2020). Además, estas mismas organizaciones presionaron a la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que dichos protocolos se ratificaran como seguros y efectivos, con el fin de que se reconociera el papel de las personas capacitadas, pero no médicas, en la provisión del misoprostol (MacDonald, 2020).⁶

De forma paralela, en América Latina las activistas feministas comenzaron el trabajo de acompañamiento, influenciadas por las feministas italianas del partido comunista en la década de 1970, quienes ayudaron a las mujeres a acceder a procedimientos de aborto seguro (Santarelli y Anzorena, 2017) y por el movimiento de salud de las mujeres de Estados Unidos, que utilizó información y tecnologías de salud reproductiva para crear grupos de autoayuda (Murphy, 2012). Sin embargo, Guerra (2019) señala que, aunque el acompañamiento se formalizó en las ONG, éste siempre ha existido en las acciones de hermanas, amigas y parteras.

Asimismo, en 2007, con la despenalización del aborto en la Ciudad de México se presentó un aumento exponencial en los esfuerzos de acompañamiento, tanto para apoyar a las mujeres para llegar a las clínicas públicas de aborto en esa entidad, como para proporcionar asesoría sobre el uso del misoprostol para abortos autoinducidos en casa.

Durante la siguiente década, varios procesos influyeron en la expansión continua del acompañamiento, particularmente fuera de los espacios institucionalizados de las ONG. En primer lugar, a medida que las ONG más grandes protocolizaban cada vez más su acompañamiento por motivos de seguridad, las feministas más jóvenes se alejaron y formaron sus propios colectivos con la formación que habían recibido. Paralelamente, muchas líneas telefónicas de aborto estaban comenzando en América del Sur en países como Ecuador, Perú, Chile y Argentina, donde el aborto estaba en gran parte criminalizado (Drovetta, 2014). Algunas de las redes de acompañamiento en México tienen su origen en estas organizaciones y redes hermanas sudamericanas.

Otras condiciones también han facilitado el enorme crecimiento de la práctica del acompañamiento en México en los últimos cinco años, incluido un mayor acceso a Internet donde las acompañantes comparten abiertamente información sobre sus actividades y pueden llegar a más mujeres. Además, han ingresado al mercado más marcas genéricas de misoprostol, por lo que está ampliamente disponible en las farmacias a precios más accesibles que la marca original, Cytotec. A nivel mundial, una tendencia en las políticas de salud pública ha normalizado e impulsado el aborto con medicamentos como una solución al aborto inseguro y la muerte materna. Esto ha significado que las fundaciones filantrópicas del Norte Global se interesen cada vez más en financiar grupos de base que realizan acompañamiento, que a instituciones más grandes y las ONG que históricamente se han enfocado en la defensa legal y la expansión de servicios en hospitales públicos bajo causales.

Finalmente, en el período previo al voto de la despenalización en Argentina en 2018, la presencia mediática de la Marea Verde, el movimiento del aborto en Argentina también provocó un aumento en la práctica del acompañamiento, con muchas jóvenes feministas capacitándose y compartiendo información en las redes sociales.

El acompañamiento es ahora una práctica muy común en México. Esto ha provocado ansiedad entre las ONG que opinan que la seguridad y eficacia del acompañamiento radica en sus protocolos estandarizados. Mientras que, a medida que aumenta la práctica, los protocolos se apropian, adaptan y en ocasiones son abandonados por las acompañantes. Estos dos posicionamientos generan tensiones entre sí, algunas de las cuales exploraré a continuación.

El ‘combipack’ de mifepristona con misoprostol, el ‘estándar de oro’

Para las ONG internacionales de salud pública y las activistas feministas, el aborto con medicamentos ha transformado la política de la salud reproductiva (Berer, 2017; Magnani, 2012; Jelinska y Yanow, 2017). Las pastillas abortivas surten efecto en el cuerpo de la mujer embarazada y también reconfiguran dónde, cómo y quién puede realizar estos procedimientos de salud reproductiva. En este sentido, en contextos donde el aborto es restringido por las leyes, el uso de medicamentos ha permitido reducir el riesgo de procedimientos inseguros y evitar la criminalización de las mujeres (Singh y otros, 2018). Sin embargo, es necesario evidenciar que el acceso y uso de las pastillas es posible gracias a configuraciones complejas de políticas reproductivas globales que incluyen a las ONG, mercados privados, empresas farmacéuticas y prácticas de acompañamiento.

Lo anterior deriva en tensiones entre las feministas que buscan la autonomía del cuerpo, y la realidad de las estructuras sociopolíticas más amplias, que se materializan en el acompañamiento. Esto ocurre con la promoción normativa de las ONG del régimen combinado de mifepristona y misoprostol, que se conoce como el "estándar de oro" en la retórica del aborto de salud pública mundial y que está respaldado por la OMS (Winikoff y Sheldon, 2012), el cual abordo en esta sección para explorar cómo ocurren las tensiones señaladas.

El término "estándar de oro" (gold standard) se utiliza en el ámbito médico para referirse a tratamientos que han demostrado la mayor eficacia posible y acorde con el estándar de evidencia más elevado. De este modo, en el contexto del aborto con medicamentos la estandarización está estrechamente relacionada con la eficacia. La investigación de salud pública, que se considera como la base de evidencia para los protocolos, cita pruebas controladas aleatorias que muestran que la mifepristona usada con el misoprostol es un cinco por ciento más efectiva que el uso de este último medicamento sin combinación (Ngoc y otros, 2011). En términos de salud pública, los beneficios del régimen combinado se muestran como evidentes; sin embargo, desde su posición política, las acompañantes sitúan el aborto en realidades locales en las que es indispensable tomar en cuenta otros factores en sus valoraciones de efectividad y adecuación; como son: la falta de acceso oportuno a la mifepristona, su precio y la autonomía con la cual una mujer puede obtener las pastillas.

Algunas de las acompañantes entrevistadas sostienen que promover el régimen combinado de mifepristona/misoprostol como superior al de misoprostol descalifica varios aspectos positivos de un aborto inducido con el régimen sin combinación. Cabe señalar que el misoprostol es una pastilla abortiva que se esconde a plena vista, pues este medicamento se desarrolló originalmente como una solución para las úlceras gástricas. El misoprostol tiene propiedades uterotónicas, es decir tiene el efecto de ablandar el cuello uterino y que el útero se contraiga, por lo que su ingestión en diferentes dosis puede provocar el trabajo de parto, detener una hemorragia posparto o inducir un aborto (Allen y O’Brien, 2009).

La renuencia de las empresas farmacéuticas a registrar el misoprostol como abortivo tiene el efecto involuntario, pero afortunado, de que ese medicamento esté menos regulado y sea más accesible. De esta forma, en la actualidad en México hay cinco productos genéricos de este medicamento, los cuales no requieren receta médica y están ampliamente disponibles en farmacias.⁷

Además, el misoprostol es más económico que la mifepristona. Si bien el precio del paquete combinado es comparable, por lo general cada caja de misoprostol contiene 28 comprimidos lo cual implica que se incluyen dos "kits"; es decir, dos dosis completas de 12 pastillas cada una, necesarias para inducir dos abortos, pues en el caso de que un primer procedimiento con 12 pastillas no funcione, una mujer puede intentarlo por segunda vez con el medicamento restante de un paquete. También, si no se requiere utilizar todas las pastillas, es factible donarlas para que otra mujer pueda realizar el procedimiento. Por el contrario, un paquete combinado contiene una tableta de mifepristona y cuatro de misoprostol, que supone que una dosis será suficiente para inducir el aborto en el primer intento, lo cual no ocurre siempre.

En el contexto mexicano, las mujeres pueden comprar misoprostol de manera directa y sin intermediación alguna, pero en el caso del paquete combinado, las acompañantes deben relacionarse con redes de ONG globales que tienen la capacidad institucional y los recursos para acceder a la mifepristona. Lo anterior deriva en que este medicamento esté altamente centralizado, debido al control regulatorio y también por la falta de condiciones de mercado rentables que diversifiquen las fuentes y las cadenas de distribución. Solo hay dos marcas de mifepristona en el mercado mexicano. El primero es Zacafyml, que se registró en 2011 y se distribuye a clínicas públicas y privadas, principalmente en la Ciudad de México. El segundo producto es Mefaprix, registrado por una ONG global y que es el único producto accesible para las acompañantes, el cual obtienen a través de redes de ONG.

En este sentido, la mifepristona está distribuida a través de un monopolio aparentemente necesario para propiciar un mercado rentable o como señalan las ONG, "sostenible". Este monopolio se justifica argumentando que permite proporcionar medicamentos con precios reducidos para determinados sectores de la población (Sunder Rajan, 2017: 157). Como ha sucedido con la responsabilidad social empresarial, estas prácticas proporcionan a las ONG una licencia social para operar sin abordar las desigualdades estructurales producidas por el capitalismo neoliberal.

Este punto es evidente para muchas acompañantes, quienes critican el monopolio de mifepristona en México, alegando que está reñido con los proyectos feministas de autonomía:

…para mí abortar de forma autónoma es abortar con una compañera y no con una institución. Pero también, o sea en el mismo acompañamiento con chicas feministas o con redes de acompañamiento, he visto que a veces no hay una total autonomía, por ejemplo, cuando la chica que aborta tiene que pedir o comprar el kit específicamente que viene de [una ONG]. Entonces eso yo no lo hago, porque siento que le quita autonomía a la mujer de ir y comprar el misoprostol, que lo puede comprar en la farmacia…

La realidad muestra las complicaciones al tratar de acceder a un paquete que contiene mifepristona para solucionar un problema con un límite de tiempo, lo que es más difícil que la posibilidad que tiene una mujer para ir por cuenta propia a una farmacia y comprar misoprostol. Si bien la logística está centralizada para proteger a las acompañantes fuera de la Ciudad de México, esto puede causar retrasos, pues a veces las pastillas se pierden en la ruta o tardan días, o incluso semanas en llegar. Estas situaciones pueden generar ansiedad en las mujeres y en las acompañantes, o causar complicaciones en el caso de que el embarazo esté avanzado, lo que propicia que las mujeres tengan que viajar a la Ciudad de México para realizar el aborto.

Por último, algunas acompañantes señalan que colocarse como intermediarias para el acceso a la mifepristona las involucra aún más en regímenes de gobernanza reproductiva. En algunos casos, indicaron que el acceso a mifepristona depende del cumplimiento de algunos requisitos colocados por las ONG, como informar el número de casos para apaciguar las condiciones establecidad por los donantes. Al respecto, una acompañante relató una discusión que tuvo con otras integrantes de una red de acompañamiento, quienes bloquearon su acceso a la mifepristona:

…entonces yo les pregunto, así como qué onda con la mife [mifepristona], como que necesito mife y fue que me dijeron que no, o sea, como que nadie que no perteneciera a la institución podría acceder a la mife y entonces para mí fue como de bueno, ¿entonces de qué se trata? ¿De verdad queremos acompañar los procesos o no? Como que creo que dentro de la legalidad o dentro de las instituciones se sigue eligiendo quién es la buena ciudadana que merece el aborto y de qué manera.

En esta narrativa, la acompañante comparte que el acceso a cierto tipo de aborto está reservado para quienes cumplen con ciertas condiciones de gobernabilidad y por tanto pueden ser consideradas "buenas ciudadanas". Así, se vigila y se disciplina a la acompañante y también a la mujer que busca abortar. Ambas deben cumplir determinados requisitos, como presentar un ultrasonido, situación en la que profundizo a continuación.

El ultrasonido, ¿herramienta necesaria o tecnología de gobernanza?

A nivel mundial, este procedimiento médico se ha consolidado como un mecanismo clave para la gobernanza de los cuerpos de mujeres embarazadas. Por ejemplo, en los Estados Unidos los mandatos de ultrasonido son parte de un conjunto de leyes que buscan controlar el aborto a través de una regulación excesiva (Denbow, 2015). Además, han fortalecido las condiciones para el reconocimiento de la condición de persona al feto, colocando el cuerpo de la mujer embarazada en la esfera pública y facilitando la vigilancia prenatal (Borzacchiello, 2020; Rapp, 1990). Los ultrasonidos están entrelazados en procesos de gestión biopolítica de los embarazos ejercida por el Estado, los mercados y las interacciones médico-paciente, lo que impacta en la agencia de la mujer en la toma de decisiones reproductivas (Erikson, 2011).

En el caso del uso de ultrasonido en el acompañamiento a abortos, las normas y guías de salud pública tanto nacionales como internacionales solo lo recomiendan cuando la tecnología esté disponible (Secretaría de Salud, 2019ª; OMS, 2012).⁸ Sin embargo, el ultrasonido está incluido como paso obligatorio en los protocolos de acompañamiento implementados por las ONG en México y ha sido adoptado por muchas acompañantes como parte fundamental del proceso.

Evito centrarme en debatir la necesidad biomédica de los ultrasonidos, con el fin de evidenciar las maneras políticas en que este procedimiento médico es promovido por las instituciones como una marca de profesionalidad y seguridad. En este sentido, las acompañantes que utilizan ultrasonidos se sienten confiadas en su capacidad para convertir cuerpos aparentemente incontrolables, en manejables y con opciones de solución basadas en el diagnóstico. Por lo tanto, ante la mirada de las instituciones, la práctica de acompañamientos que no utilizan ultrasonidos se considera inferior e incluso peligrosa. De este modo, el riesgo se expresa en términos institucionales y se relaciona con la reputación, la responsabilidad legal y la creencia de que se dejaría a las organizaciones "resolver" complicaciones, en caso de que ocurrieran.