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Transitando del conflicto a la paz: la inclusión sociolaboral como aspecto clave para la construcción de futuro ¹

María Alejandra Gómez Vélez²

Verónica Andrade Jaramillo³

Introducción

El presente capítulo tiene el objetivo de sensibilizar a la comunidad en general, y a las organizaciones de trabajo del país en particular, respecto de la importancia de favorecer y concretar estrategias que permitan incluir a personas que están en proceso (o lo han culminado) de reintegración al mercado de trabajo formal, como aspecto vital para la no reincidencia, no repetición y abandono definitivo de los grupos ilegales al margen de la ley, y para el tránsito y la permanencia en la vida civil. Lo anterior bajo la premisa que, aunque el cambio requerido en el país para que ello ocurra sea largo, costoso y difícil económica, social y culturalmente, debido a razones tan poderosas como la estigmatización y la desconfianza de los demás ciudadanos, seguirá siendo una mejor opción para la construcción de una paz duradera y estable, tan requerida para el bienestar y el desarrollo del país. La sociedad civil, representada también en las organizaciones de trabajo, pueden realizar un gran aporte en dicha construcción, como ya algunas lo vienen haciendo.

Este capítulo hace parte de la investigación Procesos de cambio organizacional para la vinculación laboral de personas asociadas al conflicto armado en Colombia, de la Universidad Pontificia Bolivariana, de Medellín, que tiene como propósito identificar los procesos de cambio que han puesto en marcha organizaciones de cara a la vinculación laboral de personas asociadas al conflicto armado.

No es la primera vez que se hace en Colombia un proceso de desmovilización y reincorporación; cuenta con 30 años de experiencia (Fundación Ideas para la Paz, FIP, 2019). La última realizada colectivamente antes de la del 2016 con las FARC –Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-, fue en el año 2003 llevada a cabo con las Autodefensas Unidas de Colombia - AUC -, cuando se subscribió un acuerdo denominado Acuerdo de Santa Fe de Ralito, firmado entre el Gobierno y las AUC. Con el acuerdo de paz firmado en el año 2016 con las FARC, cobra importancia nuevamente la reincorporación a la vida civil de los llamados desmovilizados como un aspecto clave para la construcción de la paz en el país.

Esta firma del acuerdo de paz con las FARC planteó una oportunidad para los colombianos con miras a pensar formas distintas de convivencia; y sería equivocado pensar que a partir de este acuerdo ya se hace la paz; esta requiere, en particular, un permanente proceso de trabajo sobre condiciones de inclusión social tanto de los desmovilizados, como de todos los colombianos, donde se consideren los derechos y los deberes de todas las partes. Para que esto se logre en buena medida, se requiere además de voluntad política de quienes firmaron el acuerdo de paz, la de los nuevos gobernantes, de la participación de las empresas, los ciudadanos, de las víctimas y los victimarios que participaron de los procesos de paz, que se hayan firmado tanto en el pasado como en el presente.

Para contextualizar al lector, en la Tabla 1 se presentan los componentes del proceso de desarme, desmovilización y reintegración de los excombatientes para llegar a la reintegración a la vida civil, destacando la importancia del acceso al trabajo para completar el proceso.

Tabla 1. Componentes del proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración

Fuente: Tomado de la Agencia Colombiana para la Reintegracion de Personas y Grupos Alzados en Armas – ACR, que citan al Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilizacion y Reintegracion de la Universidad Nacional de Colombia (2016, p. 15).

La ACR inicialmente se conformó como la PRVC (Programa de Reincorporación a la Vida Civil) en el 2003; posteriormente en el 2006 se convirtió en la Alta Consejería para la Reintegración (ACR), pasando en el 2011 a ser la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), y desde el 2017 hasta el presente es conocida como la Agencia para la Reintegración y Normalización, ARN (ARN, 2019).

Como señala Acopi (2016), la integración a la vida civil de los desmovilizados y excombatientes es uno de los pilares más importantes para la construcción de una paz que sea estable y duradera en el tiempo, y para ello se debe “involucrar a todos los sectores: gobiernos, empresarios, víctimas, comunidades receptoras y, por supuesto, personas en proceso de reintegración y su núcleo familiar, pues la paz es tarea de todos” (p. 12). Así mismo lo señala la ARN (2019) en su informe del mes de agosto de este año, al indicar la importancia de los aliados para este proceso que incluye 650 empresas, 67 países, y 20 aliados internacionales que han apoyado y continúan haciéndolo, la retirada de 74.846 personas de grupos armados al margen de la ley entre los años 2001 y 2019 en Colombia.

La ARN (2019) distingue a su vez en la actualidad entre los términos reintegración regular, reintegración especial y reincorporación. El primero, la reintegración regular, se refiere a favorecer el proceso de autonomía para ejercer la ciudadanía de manera integral, dirigido a las personas y sus familias, enfocado en 8 dimensiones que son la personal, la familiar, la salud, la productiva, la educativa, seguridad, ciudadana y hábitat. La reintegración especial se aplica a través de la ley 975 de 2005 para excombatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que acompaña en aspectos psicosociales, académicos y de formación para el trabajo. Y por último la reincorporación, que se aplica a excombatientes de las Farc-Ep (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-ejército popular que busca fortalecer el tejido social en los territorios, la convivencia y reconciliación tanto como la democracia local y el desarrollo de actividades productivas.

Montenegro (2015) en su investigación sobre las percepciones frente al proceso de reintegración de los desmovilizados en Bogotá, explica que la postura de personas entrevistadas acerca de la reintegración y el brindar segundas oportunidades, se mueven entre dos posturas, una altruista y otra pragmática; la primera hace referencia a quienes plantean una “obligación moral” de ayuda, y considerar a los desmovilizados como sujetos de derechos que necesitan apoyo de la sociedad civil. La segunda postura, la más frecuente, es la que hace referencia en una actitud dialógica, en tanto los beneficios que ello pueda traer tanto para el excombatiente como a la comunidad a la que se integra, “valorando ante todo la utilidad y el valor práctico que tiene el hecho de apoyar a las/os desmovilizados, por encima de una posición de ayuda incondicional sin recibir nada a cambio” (p. 34).

La inclusión sociolaboral tiene un papel fundamental para realizar una mirada de los antecedentes que se han presentado frente a este tema desde los programas de Desarme, Desmovilización y Reinserción (en adelante DDR) liderados por el Estado, y desde la política de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que se promueve desde las organizaciones de trabajo a las que generalmente se asocia este tema, y en las que se reconoce que a las personas habitualmente excluidas de la vinculación laboral, se les suman las que han estado asociadas a grupos que han operado al margen de la legalidad y han hecho parte del conflicto armado colombiano.

Entre las razones que llevan a que a los desmovilizados o excombatientes se les dificulte la inclusión en el ámbito laboral formalizado se encuentra la limitada educación, falta de contactos, dificultad para adaptarse rápidamente al contexto de la ciudad, y adicionalmente, por el temor y la percepción negativa que se tiene de ellos, tal como lo señalaba Alejandro Éder Garcés (el entonces director hasta el año 2014 de la entidad de la Agencia Colombiana para la Reintegración) (Acopi, 2016). Para Nussio (2009) los procesos de DDR tienen un destino incierto después de que se disuelven las tropas, porque a veces algunos combatientes no quieren dejar las armas, no cuentan con preparación para la vida civil, presentan traumas de guerra y, en muchas ocasiones, la sociedad los recibe con precaución, resentimientos y miedo.

Adicional a lo anterior, Nussio (2012) manifiesta que quien se ha desmovilizado convive con las emociones que le han quedado de su vida como combatiente, sean estas de arrepentimiento, orgullo o resentimiento. Y, además, debe enfrentar los desafíos de su propia seguridad, dado que está expuesto a la violencia de enemigos y compañeros previos, deben también lidiar con las dificultades económicas y con el estigma de ser desmovilizado dentro de sus comunidades, y con las dificultades con su familia al recibirlo de nuevo en la vida civil.

Nussio (2012) expone que lograr convertir a los combatientes en miembros de la sociedad tras su desmovilización es un desafío para los países fragmentados por la guerra, y agrega que estos procesos no siempre logran un buen final, y pone como ejemplos: los exrebeldes de Nicaragua, los exmiembros del Ejército de Liberación de Kosovo (quienes hacen parte de organizaciones criminales), los mercenarios que se mueven entre las fronteras en África Occidental, tras lo cual este autor hace una pregunta decisiva para los procesos de paz y reintegración “¿Cómo pueden evitarse estos resultados negativos tras la desmovilización?” (p. XXIII).

¿Quiénes son los desmovilizados o excombatientes?

En Colombia se utiliza el término de desmovilizado para referirse a quienes han entregado las armas y se han retirado de grupos armados ilegales, con el objetivo de reintegrarse a la sociedad, y poder acceder a los beneficios que ofrece el Estado, y con la finalidad última de hacer parte activa de la sociedad como ciudadanos con derechos y deberes. Esta es una definición básica que hace referencia al momento específico de entrega de las armas y a la firma de un acuerdo, pero que no profundiza sobre porqué algunos optan por hacer parte de estos grupos ilegales.

De acuerdo con el censo socioeconómico realizado por la Universidad Nacional de Colombia (UN-CNR, 2017), los excombatientes de las Farc, según el universo encuestado (10.015 personas) proviene en gran medida del sector rural (66%), y en menor proporción de los sectores urbanos rurales (15%) y urbano (19%). Al momento de la encuesta el 77,4% son hombres, y el 22,6% mujeres. El 54% de ellos reportaron tener hijos al momento de la encuesta. El 11% no contaba con ningún nivel de alfabetismo, el 57% con básica primaria, 21% con bachillerato, 8% con media vocacional y 3% con educación superior.

Entre los hombres, un 25% tiene menos de 27 años, y la mitad se encuentran entre los 27 y los 41. La mitad de las mujeres se encuentran entre los 23 y 34 años, y el 25% de las mujeres tiene menos de 23 años. Provienen de todos los departamentos del país, especialmente de “Antioquia con 1364 personas, Meta con 1167, Cauca con 940 y, por último, Caquetá con 932” (Universidad Nacional de Colombia y Gobierno de Colombia, 2018, p. 14).

Respecto al estado civil, más de la mitad tiene pareja, la mayor parte en unión libre (49%), y el 43% se encuentra soltero. Entre los menores de edad, el 19% se encuentra casado o vive en unión libre; de estos, el 33% tiene una pareja estable dentro del grupo. Entre los más jóvenes, el 71% tiene familiares cercanos en las FARC, entre ellos tíos, primos, hermanos o padres. Adicionalmente, “el 77 % no vive con su familia y el 12 % solo lo hace eventualmente. El 94 % está interesado en reencontrarse con la familia” (Universidad Nacional de Colombia y Gobierno de Colombia, 2018, p. 16). En promedio 3,6 personas dependen económicamente de persona que hicieron parte de las Farc-Ep.

Para Gil Pedreros (2016), citando a Esguerra, entre las principales razones que reportan los excombatientes para su ingreso a grupos guerrilleros y paramilitares, se relacionaba con la falta de opciones por estar en desempleo y/o pobreza.

Valencia y Daza (2010) explican que, en el caso de los jóvenes y niños, muchos eligen hacer parte de un grupo ilegal porque poseen el ideal del discurso que divulgan los grupos, o porque se identifican con actores idealizados, o por escapar de situaciones que les son adversas y hostiles en sus entornos, etc. Para estos autores hay cinco motivos primordiales por los que los jóvenes y niños deciden incorporarse a las filas de los grupos armados ilegales.

1. El “estatus” que el menor experimenta al insertarse en uno de estos grupos y cargar un fusil, la sensación de poder y el mayor atractivo que tiene para las chicas, en el caso de los hombres.

2. La creencia que el joven tiene acerca de la mayor protección que tendría en términos de defensa y la mejor oportunidad de conseguir ingresos y mejorar su estatus de vida.

3. La vinculación y familiarización del joven con algún grupo armado ilegal, ya sea por la presencia de este en el lugar en el que vive, por nexos familiares o de amistad.

4. La influencia de los amigos y, en el caso de las mujeres, también la influencia del novio.

5. Y el último motivo que se contempla es el reclutamiento forzado, ya sea mediante la “cuota”, que es la contribución que deben hacer las familias a los grupos armados, o el reclutamiento obligatorio que los grupos armados ilegales hacen en colegios, escuelas o calles.

Para Kemper (2012) el reclutamiento hace referencia al alistamiento obligatorio, forzado o voluntario de niños y niñas a cualquier tipología de grupo o de fuerza armada, que están por debajo de la edad que estipulan los tratados internacionales para ser aplicables a las fuerzas o grupos armados en cuestión.

Como lo explica Sedky-Lavandero (1999) y lo reafirma Arellano (2008) el reclutamiento de niños se ha intensificado en los conflictos armados, porque si bien antes los niños no eran eficaces en las guerras, con la modernización de las armas se ha incluido mucho más a los niños al contar con armamento más liviano y de manejo más sencillo, que además cada vez es más barato de adquirir.

Sobre lo que ha pasado al respecto del reclutamiento, sea “voluntario” o “forzado”, es importante mirar uno de los informes de la Unicef y la Defensoría del Pueblo (s.f.), que da cuenta de un estudio de tipo descriptivo, en el que se realizaron entrevistas semiestructuradas, a 86 niños, niñas y adolescentes desvinculados del grupo armado, que provienen de más de 60 municipios y veredas ubicadas en su mayoría en zona rural, y que pertenecen a 20 departamentos del país, en especial al Meta, Putumayo y Tolima, y que fueron acogidos en instituciones de protección seleccionadas y supervisadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF-, en el año 2001. En las entrevistas realizadas a los jóvenes, se les pregunta ¿Cómo ingresó al grupo armado?, y algunos respondieron (p.8):

Desde pequeño, para uno un tiroteo es normal, cuando matan a alguien es común y corriente (joven de 16 años).

Mi padre vino por mí y me llevó a la fuerza, yo vivía con mi mamá y mi padrastro, él los asesinó y me obligó a ir con él (joven de 16 años).

Un miliciano fue a hablar con mi mamá y ella me empacó la ropa y me tocó irme con ellos (joven reclutado a los 14 años).

Yo fui a conocer, pero a mí no me gustó, pero ya no me dejaron salir (joven de 15 años).

Me dijeron que me fuera con ellos o si no me mataban porque yo era novia de un policía (joven de 15 años).

Yo me fui, pero engañada porque me prometieron plata y estudio (joven de 16 años).

Otra de las preguntas clave que realizaron fue sobre: ¿Cuál fue la motivación para ingresar al grupo armado?, y algunas de las respuestas de los jóvenes fueron:

Estar en la guerrilla es bonito, uno aprende disciplina y uno se forma (joven de 16 años).

Mi papá es guerrillero (joven de 15 años).

A mí me gustaba la guerrilla porque yo veía que ellos eran admirados por la gente (joven de 16 años).

Yo estaba aburrida por el maltrato que me daban en mi casa (joven de 16 años).

Pensé que la vida con ellos era bonita, y yo tenía problemas con mi mamá y en la escuela (joven de 17 años).

Tuve problemas con los paracos, así que para mí era mejor entrar a la guerrilla (joven de 16 años).

Sentía que mi familia y amigos se estaban alejando de mí, me sentía solo (joven de 16 años).

Mi sueño era ser guerrillero (joven de 17 años).

Quería saber quién había matado a mi hermano y a mi tío (joven de 16 años).

Otros testimonios significativos fueron respecto a situaciones en las que se sintieron obligados a hacer algo que no querían. A la pregunta: Cuando estaba en el grupo, ¿alguna vez sintió que lo obligaron a hacer algo que no quería? (p. 18):

Caminar enfermo.

Matar. Uno abre un hueco de 2 m × 60 cm, le dice uno que se meta, le da dos tiros, lo abre, le saca las tripas para que no se hinchen y le bota tierra.

Cumplir órdenes porque si no lo sancionan o lo fusilan.

Tener que minar una carretera para cuando pasara un camión del ejército y hacerla explotar.

Engañar a un conocido para que lo mataran.

Cabe señalar que en la misma investigación se indagó sobre la motivación para la desvinculación o deserción de los adolescentes del grupo armado, la cual en algunos casos fue motivada por la presión de algún combate o situaciones en el que considerar la deserción era la única alternativa de supervivencia, algunos expresaron (p.20):

Me mandaron a matar a un militar que era buena gente y yo no fui capaz y me volé (joven de 16 años).

Estaba enferma y no recibí atención, por eso me volé (joven de 17 años).

Me volé porque estaba aburrido de las masacres (joven de 16 años).

No estoy de acuerdo con reglamentos que ellos tienen como matar a un compañero porque se come una lata de sardinas (joven de 16 años).

Yo tenía paludismo y oí la orden por radio de ejecutarme, esa es una regla que hay allá, entonces como pude me volé (joven de 16 años).

Como explica la Unicef (s.f.), los niños se ven afectados por el reclutamiento y utilización por parte de los grupos armados, por la violencia sexual asociada al conflicto, por el desplazamiento interno, y el confinamiento y la falta de asistencia humanitaria. Si bien las investigaciones e instituciones señalan que no es posible decir una cifra exacta sobre cuántos niños, niñas y adolescentes han estado vinculados a los grupos armados, afirman que entre 1999 y 2013, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) asistió a 5,417 niños, niñas y adolescentes que se desvincularon de grupos armados ilegales, de los cuales el 28 % eran niñas y 72 % eran niños.

Señalan Brett y Specht (2005), que con la adopción del Convenio 182, en 1999, acerca de las Peores Formas de Trabajo Infantil, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue convocada para que aportara en los esfuerzos internacionales con la finalidad de prevenir y poner fin a la participación de los niños en los conflictos armados, una de las peores formas de trabajo infantil. El Convenio hace un llamado para la eliminación urgente del reclutamiento forzado de niños en conflictos armados. En Colombia, se ratificó el convenio a través de la ley 704 de 2001 (Congreso de la República de Colombia, 2001).

Para González (2004), los motivos de ingreso a grupos armados se presentan por siete grandes razones: pobreza y ausencia de alternativas de vida, maltrato familiar, reclutamiento ilícito, identidad y reconocimiento, poder y aventura, venganza y tradición familiar.

Cabe decir que estos motivos de ingreso de buena parte de personas a los grupos armados al margen de la ley ameritan ser más comprendidos para poder disminuir su repetición en la historia de país, no solo por el reclutamiento forzado o voluntario de niños, niñas y adolescentes, sino además por el ingreso de adultos.

Esto lleva a preguntarse de forma más aguda sobre los porqués del reclutamiento, sea voluntario o forzado, porqué los niños, jóvenes y adultos van a hacer parte de las filas de los grupos armados al margen de la ley, así sea por voluntad propia, pero con un gran peso de manipulación, forzados por las circunstancias o por la falta de oportunidades de construir una vida mejor. Esto plantea la urgencia de indagar y reconocer aspectos de la realidad colombiana, que crean un caldo de cultivo para la proliferación de las diversas formas de violencia.