Читать книгу: «Realidades y retos del aborto con medicamentos en México», страница 10

6. ABORTO SEGURO CON PARTERAS, INDÍGENAS, RURALES, Y SORORALES EN EL SUR DE MÉXICO

Geicel Llamileth Benítez Fuentes

Georgina Sánchez Ramírez

Resumen

El aborto inseguro sigue siendo un serio problema de salud en países como México, donde la interrupción legal del embarazo voluntario sólo está permitida en 2 de sus 32 estados. Las mujeres pobres, indígenas o muy jóvenes son las más vulnerables para acceder a un aborto seguro. Este capítulo, a través de un estudio cualitativo desde el enfoque de género y salud, sobre parteras y aborto en Chiapas, muestra los resultados del extraordinario trabajo que 9 parteras tradicionales de dos regiones diferentes hacen para apoyar a mujeres que desean un aborto, utilizando misoprostol y mifeprestona, con previa capacitación de una organización civil según la normatividad de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Estas parteras, además de hacer su trabajo con total discreción, bajo costo y solidaridad entre mujeres, refirieron que el perfil de las mujeres que acuden a ellas para abortar varía desde migrantes, indígenas, menores de edad, amas de casa muy pobres, hasta mujeres con mayores recursos. El hecho de ser católicas, pobres, con baja o nula escolaridad, y saberse al margen de la ley, no impide a las parteras entrevistadas hacer un trabajo seguro y confiable de acuerdo con la normativa de la OMS sobre aborto con medicamento en la época contemporánea, lo cual ofrece por un lado, nuevas posibilidades de interrupciones seguras en mujeres con embarazos no deseados en zonas pobres, rurales o indígenas y por otro, reivindica el potencial que tienen las parteras en México para procurar la salud sexual y reproductiva.

Palabras claves: Aborto con medicamentos, parteras tradicionales, Chiapas

El aborto en México hoy

El aborto hace referencia a la interrupción de la gestación; la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo define como la expulsión del embrión o el feto en cualquier etapa gestacional que no rebase las 22 semanas. Existen dos tipos de abortos, el aborto espontáneo y el aborto inducido¹ (WHO, 2012). El aborto espontáneo es el que se presenta por causas fisiológicas y que obedece a problemas asociados a la salud general de las mujeres; el aborto inducido o provocado es el que se realiza a través de una intervención externa que no obedece a causas naturales del organismo. Actualmente se conocen dos formas de realizar un aborto inducido: el aborto con medicamento y el aborto quirúrgico.

Dentro de las prácticas más seguras para interrumpir un embarazo, actualmente destaca la del aborto con medicamento. Este procedimiento es el más usual por su fácil acceso, pues no requiere de un ambiente hospitalario, sus costos son accesibles y, sobre todo, por ser un procedimiento que evita que las mujeres estén expuestas a prácticas más invasivas como lo puede ser el AMEU² o el legrado (WHO, 2012).

Por otro lado, el aborto inseguro, definido según la misma OMS (WHO, 2012), es un procedimiento para interrumpir la gestación, realizado por personal no capacitado y/o en ambientes que carecen de buenas condiciones médicas; y es una de las causas que ponen en peligro la vida de las mujeres en edad reproductiva. Esta práctica se convierte en la única posibilidad para mujeres con mayor vulnerabilidad, como puede ser la falta de recursos materiales o de apoyo, agudizando aún más el riesgo para su salud, sobre todo en contextos donde esta práctica es punible (Centro Legal para Derechos y Políticas Públicas, 1997).

Desafortunadamente y aunque resulte contradictorio, el aborto inducido se sigue practicando de manera insegura en diversas partes del mundo, a pesar de que dentro del campo de los derechos sexuales y reproductivos, El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), El Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), la OMS y otras organizaciones civiles, mencionan que los programas para la disminución de la mortalidad por eventos relacionados al embarazo deben estar afianzados al menos a estos cinco pilares: 1.-Planificación familiar, 2.- Educación para la salud, 3.-Atención a domicilio por personal profesional, 4.-Acceso oportuno a atención obstétrica de emergencia y 5.-Acceso al aborto seguro (Rodríguez-Aguilar, 2018).

Aunque la despenalización del aborto a nivel internacional ha sido ampliamente discutida dentro de múltiples debates, incluyendo el de la Conferencia de Población y Desarrollo de 1995 del Cairo, en donde se expusieron los riesgos inminentes y las consecuencias de realizarse abortos en condiciones no legales (Galdos, 2013), en México (excepto en la Ciudad de México y recientemente en el estado de Oaxaca), el aborto sigue estando penalizado (sólo está permitido por violación, en todo el país). Esto, a pesar de que así se vulneran duramente los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres, afectando de manera más fuerte a quienes están en condiciones de precariedad, como mujeres de escasos recursos económicos, mujeres indígenas, mujeres menores de edad, alejadas de los lugares donde no es punible el aborto, mujeres migrantes, entre otras.

Aun con lo anterior, sí existe un marco regulatorio en el que el Estado Mexicano puede ampararse para quitar la punibilidad al aborto por diversas causales y en beneficio de la salud de sus ciudadanas, a través de los artículos 1 y 4º de la Constitución Mexicana. El 1º hace referencia a la protección de los derechos humanos de toda persona en el territorio mexicano, y el 4º establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, así como al acceso a estos servicios, sin que fuera necesaria una consulta ciudadana para la despenalización del aborto. De esta manera, en el caso de que una mujer por las razones que fueran deseara interrumpir una gestación, tendría que ser atendida en consonancia con lo estipulado en la Constitución, garantizando que el procedimiento se hará en las condiciones que protejan su integridad. No obstante, en la práctica sigue siendo punible, e incluso hay mujeres encarceladas por haber abortado.

El problema más grave, tal y como lo documentan Susheela Singh, Remez, Sedgh, Kwok y Onda (2018) en su informe sobre la situación mundial del aborto, es que en los países como México en donde el aborto es punible, los efectos negativos recaen directamente sobre la salud y la vida de las mujeres que no cuentan con medios para realizarse interrupciones seguras (mismas que hoy en día están más asociadas con abortos realizados con medicamentos).

Aborto inseguro en México, las parteras bajo sospecha y porqué es importante evidenciar lo diferente

En un estudio sobre aborto inseguro en México, Angélica Sousa, Lozano y Gakidou (2010) exploraron los posibles determinantes que definen a quienes tienen este tipo de interrupciones, a partir de datos de la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica del año 2006, por medio de dos modelos de regresión logística, para estimar cuáles variables sociodemográficas interferían en la realización de abortos en condiciones inseguras. Cabe destacar que este estudio se realizó en 2009 con datos del año 2006; cuando el aborto con medicamento no era algo difundido de la forma en que ahora lo está en el país.

Su universo de estudio fue de 14,859 mujeres en edades de entre 15 y 55 años, de las cuales 966 reportaron haber tenido un aborto en los últimos 5 años, encontrando que las mujeres más pobres, con baja escolaridad y origen indígena estuvieron más propensas a hacerlo en condiciones inseguras. En las variables que seleccionaron para determinar un aborto inseguro, no incluyeron el hecho de haber sido atendida por un médico o en un espacio hospitalario, ya que parten de la premisa de que “En México solo los médicos están formalmente entrenado para realizar abortos” (Sousa, y otros, 2010: 302), y la pregunta que surge aquí es: ¿todas las interrupciones que se hacen en espacios no hospitalarios y con otro tipo de personal que no sean médicos asistiendo a la mujer son inseguros, o se está subestimando el papel que otros agentes de salud tienen en países como México y su capacidad de hacer prácticas seguras?

En el estudio de Sousa y otros (2010) antes mencionado, parece obviar que, en México desde la etapa colonial, hay una gama de medicinas llamadas “alternativas” que coexisten con la práctica médica hegemónica, y que en todo el país las personas suelen hibridar diferentes opciones para lograr un equilibrio entre salud y enfermedad (véase al respecto Sánchez-Ramírez, 2010), y el caso del aborto inducido no es la excepción, como se mostrará en este trabajo.

En un estudio más reciente, Fátima Juárez, Bankole y Palma (2019) mencionan que, a pesar de las leyes restrictivas sobre aborto en 30 estados del país, ocurren más de un millón de abortos al año. Su estudio tuvo el objeto de analizar el comportamiento de búsqueda de aborto de mujeres en México, realizando 60 entrevistas a profundidad entre 2015 y 2017 en tres estados donde el aborto es punible (Querétaro, Tabasco y estado de México), concluyendo que en este momento es más determinante el uso adecuado de medicamentos para que las mujeres puedan abortar sin riesgos para su salud, que el contexto legal en el país. Y refieren que dado que muchas mujeres acuden a las parteras de su localidad para buscar una interrupción y aseguran que “se necesita más investigación para comprender mejor las prácticas en torno al uso de la medicina tradicional, parteras y brebajes [sic] para el aborto en el país… se sabe poco sobre las ramificaciones de los abortos obtenidos a través de estas proveedoras y métodos, incluidas las complicaciones asociadas con ellos” (Juárez, y otros 2019).

La persistente desconfianza respecto a las prácticas de las parteras y los saberes y conocimientos en torno a los cuerpos de las mujeres, no tiene una precisión exacta de cuándo comenzó a ocurrir, pero sí hay una gran documentación de cómo en el Medievo, en Europa muchas mujeres fueron quemadas, acusadas de brujería, cuando el mayor temor se cernía sobre las prácticas y saberes que las parteras (bella-donas o brujas) conocían para interrumpir un embarazo, en un mundo azotado por epidemias que requería emergentemente incrementar su población (Sánchez- Ramírez, 2010).

Tomando como referencia los estudios de Sousa (y otros, 2010) y Juárez (y otros, 2019), y atendiendo sus recomendaciones de que es necesario investigar más respecto a interrupciones en contextos no hospitalarios, donde el personal médico no es el protagonista para hacer la interrupción, y que es necesario indagar más sobre el papel de las parteras como proveedoras de salud para las mujeres que buscan un aborto, esta investigación se centra en las parteras tradicionales (definidas en este estudio como aquellas que no cuentan con una formación escolarizada de partería sino que se han instruido de manera empírica) y sus conocimientos sobre el aborto con medicamentos en Chiapas (estado del sur de México en frontera con Guatemala), donde se conjugan dos elementos que se mencionan como precondiciones para realizarse abortos en condiciones inseguras: es un estado donde el aborto está penalizado y el 77.1% de su población total vive en condiciones de pobreza (CONEVAL, 2016), con una de las Razones de Muerte Materna más altas de todo el país, siendo de 69 por cien mil nacidos, mientras que a nivel nacional es de 29 por cien mil, según datos de la Dirección General de Epidemiología, (2018) y con el añadido de que 31 de cada 100 partos en Chiapas son atendidos por parteras a diferencia de que a nivel nacional este dato es de 4 por cada 100 partos (INEGI, 2017).

Respecto al aborto con medicamentos, que es el tema de interés en este estudio, se sabe que requiere de la combinación de mifepristona y misoprostol³, y en México se encuentran disponibles en centros de apoyo al aborto seguro, legal (en la Ciudad de México) e ilegal (en el resto del país). No obstante, en las farmacias (aun en la Ciudad de México donde el aborto voluntario no está penado) sólo se vende libremente el misoprostol (o Cytotec), no así la mifepristona, a pesar de ser un medicamento esencial según la OMS; por lo tanto, es urgente y necesario que se garantice que este medicamento se encuentre en total disposición para uso y venta libre.

La ventaja de los abortos con medicamento, de acuerdo con la OMS (WHO, 2015), es que puede ser administrado no solamente por personal médico y en espacios hospitalarios, sino que puede ser realizado por personal sanitario debidamente capacitado, como enfermeras, promotores de salud y parteras profesionalizadas, si bien no mencionan a las parteras tradicionales de las que aquí se hablará.

Antecedentes

Diversas investigaciones han documentado que, en el Sureste de México, es generalmente la población indígena, rural, de escasos recursos, la que suele atender su salud en primera instancia con parteras (y no solamente los partos, véase por ejemplo Argüello y Mateo, 2014; Sánchez- Ramírez y otros., 2015; Berrio & Loggia, 2014, entre otras), muchas veces como resultado de la falta de acceso a otros servicios de salud; tal cual lo menciona Lina Berrio (2015).

En las regiones indígenas persisten barreras importantes que dificultan el acceso de las mujeres a los servicios de salud. Algunas se relacionan con elementos del orden económico, geográfico, de disponibilidad de servicios, y existen otras de orden cultural. También influyen las prácticas de racismo y discriminación que de manera cotidiana enfrentan los pueblos indígenas cuando acuden a las instituciones, así como las profundas relaciones de descalificación, subordinación o exclusión que viven sus terapeutas y los sistemas médicos tradicionales respecto al modelo institucional de salud (Berrio, 2015:5).

Así, las parteras de regiones como Chiapas, consideradas tradicionales (parte de los sistemas médicos alternativos) han sido relegadas históricamente y menospreciadas por la medicina occidental. Sin embargo, sus prácticas están legitimadas por la población que reconoce a las parteras como agentes involucradas en una atención primaria de la salud (incluida la interrupción de los embarazos no deseados), y si bien en la época contemporánea hay un resurgimiento de la partería en México (Sánchez-Ramírez, 2016), la preeminencia de la partería en el país ha pasado por diversas etapas de inclusión, exclusión y conflicto, desde la mirada hegemónica de la medicina⁴. Por tanto, se desconocen muchos aspectos sobre la atención a la salud que las parteras dan, incluido el uso de métodos modernos para interrumpir un embarazo no deseado, como ya se evidenció con los estudios de Sousa y otros, 2010 y Juárez y otros, 2019 antes citados.

Así, la presente investigación (que es parte de un estudio mayor) muestra algunas experiencias de parteras tradicionales, entrevistadas respecto a sus prácticas para interrumpir el embarazo con medicamentos, aun sabiendo que corren un riesgo ante la ley, y ante la sociedad que las estigmatiza por conocer el tipo de apoyo que brindan a las mujeres que buscan abortar, en las zonas estudiadas.

A nivel mundial, existen algunas investigaciones (Singh y otros., 2018; Shah, Ahman y Ortayli 2014; Fullerton, Butler y Aman, 2018; entre otros) que han logrado documentar los estragos que ocasionan las medidas restringidas en torno al aborto, además de reconocer el papel que las parteras han tenido en la atención de abortos seguros en países en vías de desarrollo. Estas investigaciones analizan desde diferentes enfoques, la importancia de considerar a las parteras como proveedoras de una atención integral, que incluya la interrupción voluntaria del embarazo, para la disminución de muertes de mujeres en edades fértiles, en contextos en donde existe una amplia diversidad y desigualdad de condiciones sociales que repercuten en la salud de las mujeres, afectando mayoritariamente a las que se encuentran en un alto grado de marginación y vulnerabilidad (Singh y otros., 2018; Fullerton y otros., 2018; Johnson, Maksutova, Boobekova, y otros., 2018; Oppong-Darko Prince, Amponsa-Achiano Kwame y Darj Elisabeth, 2017; Cleeve, Amanda, Byamugisha Josaphat, Gemzell-Danielsson Kristina, Mbona Tumwesigye Nazarius, 2016; Aniteye, O’Brien & Mayhew, 2016; WHO, 2012; Holcombe, Berhe & Cherie, 2015; Barnard, Kim, Park & Ngo, 2015; Shah, Ahman & Ortayli, 2014; Fawole, Diop, Adeyanju, y otros., 2012)

El único estudio localizado para el caso de México sobre parteras y su implicación en el aborto inducido, tiene ya más de quince años de haber sido publicado y es el de Xóchitl Castañeda, Billings, & Blanco (2003) quienes exploraron y publicaron en diferentes versiones los hallazgos que encontraron en un grupo de 9 parteras tradicionales, cuyas edades oscilaban entre los 20 y los 62 años de edad de un pueblo rural de Morelos, y que fueron entrevistadas respecto a sus creencias y prácticas en torno al aborto. Mediante el análisis del discurso muestran los resultados sobre si consideraban un aborto como un “no poder cumplir” de las mujeres (cuando era espontáneo) y en qué circunstancias lo justificaban para ayudar a las mujeres a “dejar pasar” el período (es decir, provocar el sangrado por interrupción de la gestación intencionalmente), enfatizando la primicia del estudio sobre el rol de las parteras tradicionales frente al aborto inducido y sus cuidados, a principios del siglo XXI en México.

Los resultados indican que las parteras que entrevistaron distinguían muy bien un aborto espontáneo de uno inducido. El primero lo explicaban como el exceso de trabajo inadecuado para una embarazada, así como el enojo y el susto, aunado a la malnutrición y la violencia doméstica en que vivían las mujeres del contexto en que trabajaban como parteras.

Respecto al aborto inducido, en el discurso de las parteras que entrevistaron Castañeda y otros., (2003) se podían observar calificativos como: asesinato, pecado grave y señalando a quienes lo cometían como perros o cerdos, así como un serio estigma sobre las mujeres que se cree que lo practicaban con frecuencia, como método anticonceptivo. Pero a su vez, las autoras mencionan que el discurso de las parteras rayaba en lo contradictorio, ya que justificaban algunas razones por las que sí podían hacer un aborto voluntario, por ejemplo, si la criatura venía mal, si eran madres solteras, si el bebé era de un padre distinto a la pareja actual (abuso o infidelidad), o bien si se trataba de mujeres muy pobres. Llama la atención que, en este estudio, ninguna de las parteras entrevistadas aceptó que inducían abortos, y la mayoría negó conocer algún método para realizarlo.

No obstante, algunas mencionaron que sabían qué se podía usar: un catéter insertado en el útero; inyecciones de metherina; zoapatle (Montanoa tomentosa) con chocolate muy caliente complementado con una ducha caliente, inyecciones hormonales, principalmente progestinas; raspado del útero (legrado); “Succión con una jeringa”; cargando objetos pesados (también causa de aborto involuntario); y dejarse caer o resbalarse intencionalmente. (Castañeda y otros., 2003:81), además de saber sobre las consecuencias de los abortos incompletos.

Por último, Castañeda y otros., (2003) sugieren que en México se debería reconocer y valorar desde los servicios públicos de salud la riqueza y conocimiento de las parteras, así como su cercanía y confiabilidad con la población femenina de las zonas rurales e indígenas, sobre todo en cuanto a prácticas seguras del aborto inducido.

Metodología y características de las participantes

El tema del aborto como una decisión voluntaria de las mujeres ha sido analizado académicamente a lo largo de la historia moderna desde diversos intereses y metodologías, destacándose los aportes de la demografía y la epidemiología (Sedgh, Gilda, y otros 2016), situadas más desde un enfoque economicista, y también ha sido abordado desde diferentes líneas feministas; sobre todo para reivindicar un derecho más de la autonomía de las mujeres sobre su vida y su cuerpo, (GIRE, 2015; Shah y otros, 2014; Lamas, 2013; entre otras).

No obstante, esta investigación parte del enfoque de género y salud, el cual es una de las consecuencias más loables del impacto de las teorías feministas en la academia (Fraisse, 2016), y se agregaría que en la sanidad a nivel mundial también, y es que el enfoque de género y salud ha posibilitado los análisis que evidencian las diferencias pero también las desigualdades de sanar y enfermar entre varones y mujeres, permitiendo así ubicar las diversas necesidades y procesos que las mujeres (en este caso) enfrentan en el cuidado y la atención a su propia salud a lo largo de todo su ciclo vital (Sánchez-Ramírez, 2010: 400).

Se atraviesan además otras intersecciones que sitúan a quienes se está investigando, tales como la clase, la religión, la pertenencia o no a una etnia, la edad, la preferencia sexual, la escolaridad, entre otras. Esto, aplicado a la salud ha permitido mirar desde un nuevo lente, realidades que quedaban generalizadas desde la medicina hegemónica y su visión androcentrista sobre la salud- enfermedad de la humanidad (véase las obras de Carme Valls-Llobet, 2010 y Teresa Ortiz, 2006; entre otras). Por tanto, se estima imprescindible abordar el tema del aborto inducido, desde este enfoque, ya que es una realidad que atraviesa ineludiblemente las decisiones y el cuerpo de las mujeres que lo transitan, y porque la forma en que esto ocurre dependerá de las diversas intersecciones y redes de apoyo y atención de las que dispongan.